El Ministerio del Trabajo, las organizaciones empresariales y los sindicatos mantienen reuniones y contactos para llegar a acuerdos sobre la implementación de un nuevo subsidio para desempleados que están próximos a perder la prestación por ERTE a partir del 30 de septiembre.
Este subsidio se ha calculado en unos 430 euros por un período de tres meses para un total de unos 500 mil beneficiarios. Uno de los puntos que se discuten es la posibilidad de hacer extensivo este beneficio a un universo mayor, que incluya a los desocupados de larga data, que pasan del millón y medio.
Exigencias de los sindicatos
Si bien es cierto que el subsidio es considerado una ayuda para mitigar el impacto del cese del cobro de prestaciones por ERTE, los sindicatos alegan que este beneficio debe extenderse a los parados de larga data que no han sido beneficiados por esa prestación.
Uno de los argumentos esgrimidos del lado sindical es que la contracción del mercado de trabajo ha dificultado el acceso al empleo por parte de los parados, lo que ha repercutido negativamente en sus ingresos y calidad de vida, y este nuevo subsidio de alguna manera equipararía el derecho de los trabajadores.
El alcance del subsidio cubriría 1 millón 600 mil trabajadores que no han sido beneficiarios de prestaciones por desempleo. El Ministerio ha sostenido conversaciones al respecto con la CEOE, CEPYME y las centrales CC.OO y UGT, a fin de llegar a un acuerdo próximamente.
Ayuda Familiar
Inicialmente, este subsidio se concibió como una ayuda familiar, dirigido a los trabajadores que salgan del ERTE, siendo éste uno de sus requisitos para el cobro de los 430 euros.
Otros requisitos para recibirlo son el estar desempleado y debidamente inscrito como persona demandante de empleo en el lapso de los 30 días posteriores al término de la prestación por la aplicación del expediente.
Asimismo, el solicitante debe tener responsabilidades dentro de la unidad familiar como hijos menores a los veinticinco años, hijos con discapacidad, cónyuge a su cargo, además de no poseer rentas que superen el 75% del SMI.
